21 de julio de 2014 21:17:00 horas

*La Casa de Estudios capacita a productores de sal de Cuyutlán y miel colimense para que obtengan la denominación de origen y la marca colectiva, respectivamente, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“No es un proyecto de una persona o de la Facultad de Derecho, es un proyecto de Gobierno del Estado ejecutado por toda la Universidad de Colima, ya que la institución reúne a nivel estatal a los mejores expertos en cada área”.

Lo anterior fue señalado por la catedrática e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, Arianna Sánchez Espinosa, quien actualmente se desempeña como secretaria técnica del proyecto financiado por un fondo mixto entre el Gobierno del Estado y el CONACYT, el cual busca obtener, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la denominación de origen para la sal de Cuyutlán y la marca colectiva para la miel de Colima.

Entrevistada al respecto, la académica informó que desde el 2012 la U de Colima ha participado en este proyecto de la Secretaría de Fomento Económico de Gobierno del Estado, capacitando a los productores locales de sal y de miel, en un trabajo integrador que ha reunido los esfuerzos de las facultades de Derecho, Economía, Contabilidad y Administración, Mercadotecnia, Ciencias Químicas, Arquitectura y Diseño, principalmente.

De igual manera, la especialista en temas de propiedad intelectual destacó la participación de estudiantes universitarios de las distintas facultades involucradas, que tuvieron la oportunidad de utilizar los conocimientos adquiridos en su carrera en escenarios reales, con un proyecto de gran magnitud que tendrá impacto directo en el desarrollo económico del estado durante los próximos años.

Por otra parte, Sánchez Espinosa agregó que, durante los procesos de capacitación a los productores, el grupo de especialistas de la Facultad de Derecho y otros destacados en la materia a nivel nacional, contactados por la UdeC, acudieron a diferentes puntos de la entidad donde realizan su labor los productores de sal y de miel como Cuyutlán, Alcaraces y otras localidades de los municipios de Armería, Tecomán, Cuauhtémoc y Colima.

La entrevistada señaló que, durante el presente año, las sesiones se han realizado desde febrero cada 15 días y que en éstas se informa e instruye a los productores sobre las circunstancias en las que se generó este proyecto de propiedad industrial.

“¿Cómo impactarán en el desarrollo de sus productos?, ¿cómo constituirse en una asociación o sociedad?, ¿cuáles son los requisitos para una denominación de origen en el caso de la sal? Y, para el caso de la miel con la marca colectiva, ¿qué mecanismos de control y de verificación existen?”, son algunas interrogantes que se han respondido a lo largo de dichas reuniones.

“Fueron muchos los temas que se expusieron y que a la par se complementaron con talleres que nos permitieron conseguir la información necesaria para la construcción de las solicitudes para la denominación de origen y de la marca colectiva que estamos planeando presentar a principios del mes de septiembre de este año”, detalló.

Aunque parte de este proyecto concluye al presentar las solicitudes ante el IMPI, dijo que éste es un proceso que toma tiempo para construir una historia de éxito, “pues el tequila, por ejemplo, se ha consolidado desde que cuenta con la denominación de origen, hace 40 años”.

Al explicar las características de las figuras de propiedad industrial que se pretenden obtener, la universitaria informó que la denominación de origen está relacionada directamente con la zona geográfica del producto que se quiere proteger e impulsar, ya que sus características derivan de la región en la que se elabora.

“En el caso de la sal, estamos hablando de un proceso artesanal por parte de los productores que, además, debe sus características morfológicas y físico-químicas al ambiente, las características del suelo, el agua y el microclima que está formado ahí”, describió.

Explicó que la denominación de origen implica, de acuerdo con la legislación vigente, un proceso de certificación amparado bajo la Norma Oficial Mexicana, “porque la denominación de origen es una declaratoria titular del Estado Mexicano, el cual autoriza a los productores a la explotación y establece los mecanismos de verificación pertinentes para que la calidad se cumpla en todas sus fases”.

En el caso de la marca colectiva se trata de una representación gráfica o nominativa que identifica a una serie de productos y servicios dentro de una gama o de una clase: “La diferencia con respecto a una marca comercial general estriba en que la titularidad la tiene un grupo de productores que, organizados, establecen unas reglas de uso para definir procedimientos, estándares de calidad, control y verificación que aseguren al consumidor la autenticidad del producto”, dijo.

Finalmente, la catedrática universitaria aseguró que esperan una respuesta favorable de las solicitudes en menos de un año, ya que las autoridades responsables tienen que hacer un análisis exhaustivo del proyecto.