En el marco del Día Internacional de la Mujer, trece Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones públicas y privadas que trabajan en favor del avance de la agenda por la igualdad entre mujeres y hombres, llevaron a cabo hace días el Panel “El feminicidio en Colima. Un debate desde la perspectiva de género”, en el Auditorio del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado.

Con la participación como moderadora de la directora del Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Colima, Vianey Amezcua Barajas, fueron panelistas: Adriana Ruiz Visfocri, de la Red Feminista de Colima; Clementina Nava Pérez, del Centro de Apoyo a la Mujer; Gina Araceli Rocha Ramírez, poresidenta de la Comisión de Equidad de Género y Jefas de Familia de la LVII Legislatura del Congreso local y Judith Larios Deniz, Directora de Servicios Sociales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima.

Adriana Ruiz Visfocri, en su intervención, dio a conocer que el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios en Colima, de 2009 a la fecha se han registrado 53 feminicidios en la entidad y que en 2013 ya van cinco, por lo que Colima ocupa el cuarto lugar nacional en violencia hacia las mujeres, sólo por debajo del Estado de México, Nayarit y Sonora, según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Por su parte, la diputada Gina Araceli Rocha manifestó que la violencia feminicida está vinculada a la violencia sexual, en la que Colima tiene el primer lugar nacional, según reporta la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) y recordó el caso de una niña de 9 años, violada y asfixiada en noviembre de 2012 por su padrastro, de 29 años y el de Irma Yazmín, la menor de 11 años de edad reportada extraviada el 27 de enero y localizada sin vida el lunes 28 por la tarde, con señales de tortura y violación, calcinada dentro de un predio cerca de la Laguna de Alcuzahue, en Tecomán.

La Presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Jefas de Familia de la actual Legislatura, afirmó que la apertura de expedientes que duermen el sueño de los justos, vulnera más aún a las mujeres, ya que al gozar de libertad, los agresores pueden llegar al feminicidio contra mujeres que creyeron en la ley, como es el caso de Josefina Mendoza Lepe y Lourdes Velasco Figueroa, de quienes existen registros de solicitud de apoyo legal en el DIF, el Ministerio Público y en el Juzgado de lo Familiar. Estas gestiones indican el conocimiento que ellas tenían de sus derechos, de modo que la omisión y dilación en el sistema de procuración de justicia responsabiliza al Estado.

Enfatizó los avances en materia legislativa para prevenir y erradicar el feminicidio en México, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (febrero de 2007) que introdujo la figura "violencia feminicida" y la Resolución sobre el caso Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de noviembre de 2009, que condenó al Estado Mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

Otro logro significativo es la aprobación, en junio de 2012, del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La legisladora local dio a conocer también las principales reformas legislativas contra la violencia feminicida en Colima, con la aprobación en 2008 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, que al igual que la ley General incluye en la clasificación de la violencia de género a la violencia feminicida, a la que define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que alienten el ejercicio de la violencia, las agresiones e incluso, la privación de la vida de las mujeres y que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”.

Un avance sustancial más es su tipificación, en agosto de 2011, para que el Código Penal del Estado de Colima considere en su artículo 191 Bis 5, que “Comete el delito de feminicidio quien, por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer y establece que “A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de treinta y cinco a sesenta años de prisión”.

A 18 meses de esta reforma y de que Colima armonizó su marco legal con el sistema jurídico nacional y a los Convenios y Pactos internacionales suscritos por México, entre los más importantes la CEDAW y Belém do Pará, Gina Araceli Rocha enlisto lo que hace falta para garantizar que en Colima no mueran más mujeres:

- Volver letra viva lo dispuesto por el marco jurídico estatal, en lo particular, la responsabilidad del sistema de procuración y administración de justicia.

- Proveer a las víctimas los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes

- Evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor

- Canalizar a las víctimas a los servicios de atención a víctimas del delito, para que se les proporcionen los servicios correspondientes

- Garantizar, como establece el Artículo 239 Bis, que el Ministerio Público inicie la investigación como probable feminicidio en los casos de muerte de mujeres ingresadas a hospitales.

- Especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, así como al personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes

- Llevar un registro y proporcionar información al Banco de Datos para integrarla al sistema de información sobre los delitos cometidos en contra de las mujeres

- Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual.

Organizaron este Panel la LVII Legislatura del Congreso del Estado, el Instituto Colimense de las Mujeres, la Universidad de Colima a través del Centro Universitario de Estudios de Género, el Centro de Apoyo a la Mujer, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, IUS Género, la Red Feminista de Colima, la Dirección de Promoción Política de la Mujer del Ayuntamiento de Colima, Cien por Colima, el Centro de Integración Juvenil, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima y la Universidad Vizcaya.