*El director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que en México no hay una cultura de la denuncia, y esto se debe a que las autoridades las ignoran, se guían por ciertos criterios o bien sólo se siguen los casos donde hay influencia, por lo que se piensa que es inútil denunciar.

La reforma realizada en junio de 2011 cambia de manera profunda la forma en que eran concebidos los derechos humanos, no sólo de manera cultural sino ideológica. Dejan de ser sólo “Garantías Individuales” para convertirse en “Derechos Humanos y sus Garantías”, de tal manera que “el ciudadano puede ejercerlos y el Estado los tiene que cumplir”, dijo Ricardo Sepúlveda Iguíniz en entrevista previa al inicio del diplomado en Derechos Humanos y Juicio de Amparo que realiza la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

Desde el punto de vista jurídico, la Constitución antes de la reforma era formalista, “se consideraba que los derechos eran sólo garantías que el Estado otorgaba para proteger a las personas y, por lo tanto, no había más ni menos derechos, así que éste, el Estado, era competente para restringirlos o para suprimirlos”, mencionó Sepúlveda Iguíniz.

A partir de la reforma, los derechos dejan de ser garantías y se convierten en verdaderos derechos humanos que están por encima de las autoridades del Estado y de la propia Constitución. Es decir, se abren los instrumentos jurídicos para proteger los derechos de las personas, tanto los contemplados por nuestra Constitución como por los tratados y convenios internacionales.

Por lo que ahora “ningún Estado puede pedir a sus ciudadanos que sacrifiquen sus derechos porque son suyos, es decir, el Estado no tiene derechos, lo cual es adoptado por la Constitución”, comentó Sepúlveda Iguíniz.

Por ello es importante que los ciudadanos se enteren de las modificaciones a la ley, ya que día a día hay constantes violaciones a los derechos humanos que no son denunciados. Por ejemplo, cuando la Comisión Federal de Electricidad desatiende un servicio, cuando se elevan las cuotas considerablemente, se niega la educación, se desatiende la desaparición de personas o cuando hay violaciones de instituciones bancarias, de líneas de viaje, prestadores de servicios o en las escuelas, instituciones públicas, tienen que ser denunciadas.

Incluso ahora, con las marchas y bloqueos que existen en diferentes puntos del país, recordemos, dijo Ricardo Sepúlveda Iguíniz, “todos tienen los mismos derechos y por lo tanto tienen que ser respetados; cualquier persona tiene derecho a manifestarse en las calles, pero no causándole daño a otro, ya que los derechos se limitan por los de otros. Entonces, estas manifestaciones provocan muchas violaciones a derechos humanos que deben ser sancionadas”.

Sin embargo, para el director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en México no hay una cultura de la denuncia, y esto se debe a que las autoridades las ignoran, se guían por ciertos criterios o bien sólo se siguen los casos donde hay influencia, por lo que se piensa que es inútil denunciar.

Esta situación “no cambiará hasta que la sociedad reaccione y exija, no sólo lo propio sino lo de otros, ya sea mediante las Comisiones de Derechos Humanos, redes sociales y sin duda la denuncia ante el Ministerio Público; aunque sepamos que no se va a investigar, es preferible que una denuncia establecida a la impunidad absoluta”, finalizó.